La normativa del ‘Ejecutivo Rajoy’ no incluye protección para los funcionarios honrados que quieren denunciar casos de corrupción. En el país escandinavo es delito perseguir al filtrador, mientras que la Administración española destina recursos públicos a ‘cazarlo’. “Por contra, se refirió a la situación de los cargos a dedo y citó a Francisco de la Torre, jefe de equipo de Inspección de Hacienda en Madrid, para recordar que casi las mitad de los 1.400 inspectores de la Agencia Tributaria ocupan puestos de libre designación.

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